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Cuando bien sea una entidad mercantil, empresario individual o particular sufre un impago o prevé por los antecedentes del deudor que el mismo va a incumplir con sus obligaciones, lo más importante es consultar con un bufete profesional y actuar con rapidez y decisión en vía amistosa o Judicial y en este último caso eligiendo adecuadamente la Jurisdicción Civil-Mercantil o Penal y la clase de procedimiento con el fin de recuperar el principal, los intereses devengados y las costas procesales, si las hubiera.


Cualquier demora puede conllevar la pérdida del crédito ya que el deudor puede entretener a su acreedor -haciéndole perder un tiempo precioso- mientras prepara y presenta Concurso de Acreedores u otro acreedor se adelanta y embarga aquellos bienes con los que se podríamos cobrar y  cubrir el principal y las costas que reclamamos o incluso el deudor puede aprovechar ese tiempo para alzar sus bienes ocultándolos física o jurídicamente para intentar evitar el embargo de los mismos cometiendo un Delito de Alzamiento de Bienes.

 

 

Es muy habitual que el deudor que no tiene voluntad de pago presente ante su acreedor toda clase de excusas y promesas (renovaciones de efectos, aplazamientos y compromisos reiterados de pago, etc) y si el acreedor se demora en intentar recuperar su crédito, conforme transcurren los días las posibilidades de cobro disminuyen considerablemente. Este dolo (mala fe) del deudor con frecuencia  provoca que el acreedor acuda tarde al profesional y este precioso tiempo es en ocasiones el motivo por el cual el recobro  del impago  puede presentar más dificultades de las habituales.

 

 

La rapidez se convierte en urgencia cuando la documentación de que dispone nuestro cliente es un títuloejecutivo tales como pagarés, cheques, letras de cambio o resoluciones judiciales que llevan aparejada  ejecución.

 

 

En la actualidad en las transacciones comerciales  se hacen valer sobre todo pagarés o simplemente la emisión de albaranes y facturas pagadas mediante cargo en cuenta y a resultas de un previo pacto generalmente por vía telemática (internet), resultando algo obsoletas las letras de cambio e incluso -aunque en menor medida- los cheques. La mayor parte de las Ejecuciones Judiciales de los denominados “títulos valor” tienen como fundamento uno o varios pagarés.

La correspondencia a través de correo electrónico que el acreedor intercambia con el deudor, la simple emisión de albaranes -aún no estando firmados por el deudor- y  de facturas y otros documentos aunque sean unilateralmente creados por una de las partes (generalmente el acreedor) en numerosas ocasiones constituye prueba suficiente para que un Juzgado requiera de pago al deudor, conforme prescribe la Ley de Enuiciamieno Civil cuando regula los Procedimientos Monitorios.

 

 

La Ley Cambiaria y del Cheque establece una regulación sobre la ejecución muy similar para la letra de cambio el cheque y el pagaré con pequeños matices propios de la naturaleza de cada uno de estos instrumentos de pago.

 

 

Contra el firmante de un pagaré o cheque o el aceptante de una letra de cambio y sus avalistas la acción judicial es directa y responden todos ellos  del pago de forma solidaria. Esto significa que podemos elegir entre ejecutar los bienes del firmante o aceptante exclusivamente o de este junto con sus avalistas o incluso elegir entre cualquiera de ellos.

 

 

La acción ejecutiva cambiaria  prescribe a los 3 años desde el vencimiento del título valor de que se trate.

 

 

Generalmente el  Juicio Cambiario con fundamento en títulos valor (antes denominado Juicio Ejecutivo) es uno de los  más rápidos  procedimientos judiciales de reclamación de cantidad.

 

 

Esto es así porque una vez que el Juez examina el título, ya sea pagaré, letra de cambio o cheque y verifica que reúne todos los requisitos legales inmediatamente despacha ejecución (requerimiento de pago y embargo preventivo) contra los bienes del deudor y sus avalistas si los hubiera por la cantidad reclamada más hasta un 30% que se presupuesta provisionalmente para atender a los intereses de demora y a las costas procesales.

 

 

En relación con las citadas costas procesales, las mismas son siempre a cargo del deudor  en esta clase de procedimientos e incluso aunque el mismo pague en el acto del requerimiento judicial. Con ello, si el acreedor y los profesionales (Procurador de los Tribunales y Letrado cuyas intervenciónes son obligatorias) han actuado con rapidez,  es el deudor quien pagará la totalidad de los gastos que ha ocasionado al cliente acreedor y también los intereses de demora.

 

 

En los Procedimientos Cambiarios desde la misma Demanda solicitamos que el Juzgado proceda a la investigación de bienes del deudor mediante el denominado Punto Neutro Judicial que es el acceso telemático por parte del Juzgado a instituciones públicas  como la Agencia Tributaria, la Jefatura de Tráfico etc. o entidades privadas como los Bancos o Cajas de Ahorro. Esto no tiene coste adicional para el cliente.

 

 

Si por las circunstancias que concurren lo estimamos necesario, el despacho -que está abonado aregistrospúblicos y entidades privadas-  busca los bienes del deudor a los que de conformidad con la legislación vigente se puede tener acceso a fin de designarlos para su embargo.

Para supuestos de especial dificultad o elevada cuantía, disponemos de Investigador PrivadoColegiado, que en el ámbito que prescribe la Ley puede aportarnos muchos datos del deudor y de sus circunstancias difíciles de otener por otros medios. Los Investigadores Privados Colegiados al igual que los Procuradores de los Tribunales y  los Abogados son colaboradores de la Justicia.

 

 

Cuando la documentación de la que dispone el cliente comprende facturas,  hojas de pedido, albaranes de entrega, correspondencia por fax,  electrónica o documentos similares se puede optar por el denominado Procedimiento Monitorio por el cual el Juez requiere de pago al deudor por plazo de 20 días y si el mismo no paga ni alega los motivos inmediatamente podemos solicitar al Juzgado la ejecución (embargo) de sus bienes.

 

 

También y dependiendo de la cuantía del crédito  podemos acudir directamente al Juicio Verbal o al Juicio Ordinario.

 

 

En ocasiones, la vía Penal mediante la interposición de una Denuncia o una  Querella Criminales la más procedente y efectiva para cobrar un crédito cuando de los datos que nos aporta el cliente podemos deducir que existen indicios suficientes -que deben ser investigados por el Juzgado- de la comisión de un delito que generalmente es Alzamiento de bienes o Estafa. La Jurisdicción Penal se reserva exclusivamente para estos supuestos mediante la interposición de una Denuncial o una  Querella Criminal ante el Juzgado de Guardia ya que habitualmente los Jueces y Tribunales consideran que el impago fruto de una transacción comercial sólo ha de dilucidarse en la vía Criminal cuando existen suficientes indicios de la comisión de uno o varios delitos por parte del deudor.

 

 

La acción contra Administradores de empresas es frecuente cuando los mismos han incumplido las obligaciones que establece la Ley de Sociedades de Capital (antes Ley de Sociedades Anónimas y/o de Responsabilidad Limitada) en perjuicio del crédito de nuestro cliente.

 

 

Otro de los procedimientos judiciales en los que el despacho está altamente especializado por la llevanza de innumerables procedimientos es la reclamación del empresario subcontratista que ha puesto  materiales y/o mano de obra  frente al dueño de la misma que puede ser una entidad privada o una Administración Pública y que responde en los casos y cuantía que determina la Ley cuando el subcontratista sufre el impago del contratista.

 

En definitiva, cuando el deudor no tiene voluntad de pago  se trata de recabar de nuestro cliente y de nuestros colaboradores todos aquellos datos que nos permitan estudiar qué clase de procedimiento judicial es el más adecuado e instarlo con rapidez.

Con toda la información técnico-jurídica a su disposición y nuestro consejo legal, es el cliente quien siempre toma la última decisón  respecto de qué forma actuaremos: ACUERDO CON EL DEUDOR O COBRO JUDICIAL, ya que se trata de su crédito.